Expulsión de los españoles de América


Expulsión de los españoles de América

La expulsión de los españoles de América se produjo como resultado de las medidas tomadas contra ellos por parte de los estados independientes en las Guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso que se extendió a nivel continental y que tuvo su origen en una serie de razones políticas, y que estuvo dirigida en principio contra individuos que habían ocupado cargos en la administración española para extenderse luego contra toda la población española.

Hay una clara distinción entre dos formas predominantes del exilio, la primera fue el exilio producto de las circunstancias de la guerra, y la segunda el exilio obligado por leyes de expulsión contra de los españoles por parte de los gobiernos latinoamericanos, y que se extendió más allá de la conclusión de la guerra. La expulsión fue un drama humano para miles de familias, hombres, mujeres de toda condición, afectando con mayor severidad a los más humildes, o a los de mayor arraigo en el país, anclados a padecer un ambiente creciente de hostilidad contra todo lo español. La urgencia de abandonar los países americanos obligó al desprendimiento de sus propiedades, al embarque en un abusivo y peligroso transporte fuera del continente, y finalmente el arribo a un destino incierto, en su mayoría a puertos fuera de la península ibérica, a la que por último arribaban completamente desamparados por el estado o la monarquía.

Su estudio puede dividirse según las antiguas divisiones territoriales de América:

Contenido

México y Centroamérica

La población de españoles en México se cifra en torno de 15.000 personas. La hispanofobia comenzó con el mismo comienzo de la revolución de Hidalgo, pero se disparó con el asedio de la fortaleza de San Juan de Ulua en 1823. Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo español, y se les expulsaba del estado militar en activo. En febrero de 1824 se expulsaba a los españoles de cualquier cargo público que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, se les obligaba a abandonar sus lugares de residencia, y se emitían contra ellos leyes particulares según cada caso. Hubo sin embargo diputados mexicanos que se mostraron contrarios a estas medidas que no respetaban los tratados de Córdoba, al adquirir la consideración de ciudadanos mexicanos. En ese entonces el odio a lo español se alimentó también de la codicia de naturales del país. El autor Lorenzo de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda para amedrentarlos y obligarles a abandonar México.

El 10 de mayo de 1827 se promulgó la ley de empleo por la que ningún español de nacimiento podría ocupar cargo alguno en la administración pública, civil o militar. En agosto se propuso la primera ley de expulsión de todos los españoles sin excepción, con un plazo de 30 días, y la condición de poder sacar del país únicamente la tercera parte de sus bienes, Jalisco fue el primer lugar en ponerlo en practica dando un plazo de 20 días, además se les prohibía el derecho a reunión. Otros estados tomaron medidas similares. Ya a nivel de todo el país se promulgó el 20 de diciembre de 1827 la primera ley de expulsión de los españoles, con 42 votos a favor y 13 en contra.En 1829 se promulga una segunda ley de expulsión. Producto únicamente de esas leyes entre los años 1827 y 1829 fueron expulsados de México en razón de su origen español 7.148 personas, según cifras de un investigador estadounidense Harold Sims. en su obra La Descolonización de México. En 1830 quedaban menos de 2.000 españoles en esa región.

La no aceptación de la independencia de México, trajo severas consecuencias diplomáticas entre ambas naciones, los fuertes resentimientos políticos de criollos y mestizos en contra de los españoles generó una expulsión masiva de hispanos peninsulares hacia los Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Europa; muchos de los expulsados fueron los descendientes de Emperador Agustín de Iturbide cuando se implanta el gobierno republicano. Los españoles que cambiaron su nacionalidad, lo hicieron por conservar sus bastas propiedades como haciendas, fincas, ranchos, a cambio de la aceptación y reconocimiento del gobierno republicano y la negación de títulos nobiliarios, estaban distribuidos por todo el territorio nacional, desde las Californias hasta la Península de Yucatán. La hispanidad seguía siendo la base de la identidad nacional en medio de una población mayoritariamente indígena que al paso de los años, se modifica la composición étnica de la joven nación por el predominio del mestizaje.

En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y españoles por el control de las propiedades de los ingenios azucareros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero; propiamente la región de Tierra Caliente, el conflicto termnió con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda de San Vicente Chiconcuac y la hacienda de Dolores. El sentimiento naciolalista e hispanofobo de los mexicanos prevaleció ante los privilegios que tenían los españoles peninsulares que habian permanecido en el país después del moviento independentista por mantener sus propiedades.[1]

La Gran Colombia

Distritos de la Gran Colombia hacia 1824 (antes departamentos entre 1819 y 1824).

Al tratarse de un territorio con una lucha extremadamente cruel, que rápidamente se convirtió en exterminio de poblaciones, y donde las medidas más radicales aparecieron desde el principio del conflicto, como la primera ejecución política del país ocurrida con el linchamiento de un grupo de españoles de origen Canario que en número de 60 protestaron el 11 de julio de 1812 contra la proclamación de la independencia de la primera república, sus cabezas posteriormente cortadas fueron exhibidas en Caracas. Inmediatamente las autoridades republicanas ordenaron la expulsión del país de todo español acusado de perturbar el nuevo orden. Durante la guerra de exterminio la población de españoles se vio obligada a abandonar todo, y la mayoría quedaron “expuestos a perecer de miseria”. Se promulgó por fin una ley de expulsión de los españoles el 18 de septiembre de 1821. El principal lugar al que partieron fueron las islas del caribe españolas, principalmente Puerto Rico donde arribaron 3.555 refugiados, pero inclusive partieron en barcos rumbo a posesiones británicas donde quedaron bajo estricto control.

En el año 1823 se da el decreto de expulsión (7 de julio) del territorio venezolano de todos los españoles (peninsulares y canarios), la medida es ejecutada por el vicepresidente Soublette (11 de noviembre). Antes de la caída de la ciudad de Puerto Cabello ese año 1823 en poder independiente, una población de 4.000 españoles se había exiliado de su puerto. Concluida la guerra, el gobierno de la Gran Colombia ordenó la expulsión del territorio de todos los españoles de origen peninsular que no demostrasen haber formado parte del movimiento independiente, exceptuando la rareza de los ancianos de más de 80 años de edad, lo que ya no se justicaba únicamente con motivos políticos.

"Concluimos la guerra de la independencia arrojando a todos nuestros enemigos, es decir, a todo el comercio español tenedor de la especie circulante y luego, ya victoriosos, para que nos dejaran construir, para afianzar la paz, una ley general de expulsiones arrojo con ellos los restos"[2]

Las provincias argentinas

Aunque la guerra rápidamente se llevó más allá de la frontera de la actual Argentina, desde el principio del movimiento se impusieron las ideas más radicales de Juan José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno en contra de los españoles. El 23 de junio de 1810 se publicaba la orden de expulsión de altos funcionarios de origen español. Se anunciaron castigos severos contra españoles peninsulares que portasen armas, o se viesen acusados de propagar rumores. Además se les restringió en su actividad comercial.

El 6 de diciembre de 1810 la junta emitió una circular ordenando que en el futuro no se debían conferir cargos administrativos a los no nacidos en el país, pudiendo mantenerlos los que ya los desempeñaban.[3] Las medidas se acentuaron a causa de la conspiración encabezada por Martín de Álzaga en 1812. En torno a un tercio de la población española fue desterrada de su residencia. Además se impusieron penas de confinamiento, contribuciones especiales, y expropiaciones explícitamente contra los españoles penisulares con motivo de financiar la guerra, representando el 13% de todo el dinero recaudado por el gobierno durante esa década. La población de 3.000 españoles de Buenos Aires quedó empobrecida y relegada a comienzos de los años 20. En torno a 1.000 personas de la población de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en relación a la guerra.

Un ejemplo de las medidas tomadas contra los peninsulares es el bando publicado por el gobernador artiguista de Montevideo, Fernando Otorgués, de fecha 15 de marzo de 1815:

Ningún individuo español podrá mezclarse pública y privadamente en los negocios políticos de esta Provincia, esparciendo ideas contrarias a su libertad, con el sutil pretexto de hacer la felicidad del país, ni con otro alguno. El que a ello contraviniere será a las 24 horas irremisiblemente fusilado, incurriendo en la misma pena el que lo supiese y no lo delataré. Con igual pena será castigado el vecino que fuera aprehendido en reuniones o corrillos sospechosos, criticando las operaciones del gobierno.

Chile y Perú

Mientras en Chile O'Higgins dio paso a una inmediata reconciliación con los españoles europeos, en el Perú la población española concentrada principalmente en Lima sufrió todos los rigores de la llegada de la expedición militar al mando de José de San Martín, quien amparó las medidas de terror tomadas por Bernardo Monteagudo en contra de los españoles europeos. Se cometieron 4.000 actos de confinamiento en prisiones contra de civiles españoles como parte de las medidas represivas. Se prohibió la salida del domicilio después de la hora de oración. A finales de 1821 se embargaron todos los bienes de los emigrados o residentes en territorios del rey de España. Tras la derrota de las armas patriotas en la batalla de Ica se tomó rehenes a 600 civiles españoles peninsulares para realizar con ellos “memorable ejemplo de venganza”, fueron humillados y despojados de todos sus bienes, y se les expulsó al interior de la fortaleza del Callao entonces en poder español. El resultado de todas estas medidas fue el exilio de unos 12.000 españoles penisulares del virreinato con una salida en las mismas condiciones de precariedad e incertidumbre que otros territorios americanos. Tras la batalla de Ayacucho cerca de 6.000 civiles españoles, entre ellos algunos originarios del país, y que no tuvieron recursos para una huida, buscaron la protección de la fuerza de Rodil de unos 2000 soldados que sostenían la Fortaleza del Callao, y cuya resistencia se prolongó hasta el año 1826, y que un asedio implacable produjo el resultado final de la capitulación de la fortaleza, pero a costa de la muerte de 6.000 asilados españoles y sus familias, que en número de 6000 a 8000[4] se refugiaban dentro del recinto.

Referencias

Bibliografía

Notas


Wikimedia foundation. 2010.

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