Batallón de los violadores

Batallón de los violadores

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Los batallones de violadores son grupos de soldados birmanos, en ocasiones de alto rango, dedicados a la violación sistemática y selectiva de mujeres y niñas de la minoría étnica Shan, residente en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Estos escuadrones fueron creados con la intención de conseguir desmoralizar, aterrar, reprimir y controlar a este grupo étnico y, en última instancia, conseguir su exilio hacia Tailandia.^[1]

Su modus operandi consiste en realizar una gira por las poblaciones birmanas reclutando a jóvenes que son obligadas a desfilar, secuestradas de sus hogares y violadas cada noche hasta que los soldados cansados de ellas deciden asesinarlas a sangre fría:

Se viola en grupo a mujeres con siete meses de embarazo. Se obliga a niñas a realizar trabajos forzados durante el día y se las viola por la noche durante meses enteros. Se viola a madres e hijas juntas. Se viola a niñas de hasta 4 años de edad.^[2]

Esta barbarie ha sido documentada y dada a conocer por Charm Tong, exiliada birmana en Tailandia desde los 6 años de edad.^[3]

Casos

El comandante Myo Win ordenó a 15 pueblos del distrito de Ye la entrega de dos jóvenes por aldea. Debían ser solteras, medir más de 160 centímetros y tener entre 17 y 25 años. Un destacamento de soldados se encargó de recoger a las candidatas hasta completar la participación en lo que los generales describieron como el «pase de modelos» del Día de la Independencia. Las elegidas, todas ellas campesinas del Estado birmano de Mon, fueron conducidas al cuartel y obligadas a desfilar para los militares durante tres días en los que fueron desvestidas, vejadas y violadas.El día que regresaron a sus casas, cabizbajas y en silencio, nadie preguntó qué había ocurrido durante su encierro. Todos lo sabían.

Las minorías étnicas de Myanmar, la antigua Birmania, han huido durante décadas del hambre, la guerra y las torturas provocadas por uno de los regímenes militares más brutales del mundo. Pero muchas de las refugiadas que estos días cruzan la frontera y llegan a la vecina Tailandia no lo hacen para esquivar las balas ni buscar comida para sus hijos, sino huyendo del conocido como el «batallón de los violadores».

Los testimonios recogidos por las organizaciones de birmanos exiliados en Tailandia describen las violaciones en los desfiles militares, casos de mujeres embarazadas de siete meses sometidas a jornadas de abusos por grupos de hasta medio centenar de soldados o ejecuciones sumarias de víctimas que se resisten o ya no interesan a los militares. Las entrevistas se han ido archivando en los últimos cuatro años con el nombre de pila o las iniciales de la mujer, adolescente o niña agredida, su fotografia con el rostro oculto y el número de expediente.

Nan cuenta que fue violada en cada una de las cinco aldeas en las que buscó refugio durante una ofensiva militar; A.L, una joven de 20 años de la etnia mon, describe cómo fue obligada a acompañar a toda una brigada durante una operación militar en la que fue violada cada noche por decenas de hombres; y Baiyoke relata el día que fue violada mientras escuchaba los gritos de sus dos hijas en el piso de arriba, ambas violadas también por 50 soldados. Al terminar, los militares desenfundaron sus armas y las acribillaron a balazos. «No puedo olvidar la imagen de sus cuerpos envueltos en bolsas de plástico», dice Baiyoke de sus hijas en el relato recogido por una ONG cristiana que opera clandestinamente en el interior del país.

El número de agresiones y la forma sistemática en la que se llevan a cabo han llevado a las organizaciones birmanas en el exilio a denunciar que la Junta Militar ha desarrollado una política de «licencia para violar» para aterrorizar a los opositores.Los desfiles organizados en los cuarteles son aprovechados para que los militares puedan escoger a sus víctimas dentro de un sistema de gratificación y entretenimiento que recuerda al creado por los japoneses durante la ocupación de Asia en la primera mitad del siglo XX.

La mujer del año

Las primeras denuncias sobre las violaciones masivas en Birmania se conocieron en 2002 después de que Charm Tong, una exiliada de 23 años, logrará documentar más de 600 casos a través de entrevistas personales. La investigación de Tong, que gracias a su trabajo fue elegida Mujer del Año en 2004 por la revista Marie Claire y ha sido nominada al Premio Nóbel de la Paz, originó una investigación de Naciones Unidas y provocó las protestas de gobiernos de medio mundo. Tres años después, la situación se ha agravado y los militares siguen actuando con total impunidad. «La violación se ha convertido en un arma de guerra más. Las mujeres no son vistas como mujeres sino como instrumentos para aterrorizar, desmoralizar y controlar a las comunidades», asegura Tong.

Uno de los motivos que hace difícil frenar la campaña de violaciones es que Birmania se ha convertido en el Estado paria del sureste asiático, aislado políticamente del mundo y dirigido con mano de hierro por un grupo de generales radicales. Burma, que en los años 50 tenía la población más educada y con mayores recursos naturales de la región, ha sido saqueada y arruinada hasta convertirla en la nación con la menor renta per cápita del mundo: 100 dólares al año por habitante, la misma cantidad que Sierra Leona.

La inmensa pobreza de este país, donde los taxistas son ingenieros de caminos y las sirvientas tienen títulos universitarios, contrasta con las mansiones y la vida desenfrenada de los generales, que copan los negocios y se han reservado en exclusiva el derecho de mantener contacto con el exterior a través de Internet o teléfonos móviles.

Ni la presión internacional ni las sanciones económicas han logrado hasta ahora debilitar al régimen birmano, que sigue contando con algunos pocos aliados, entre ellos China. El enviado especial para la ONU en Birmania, Razali Ismail, dimitió de su cargo la semana pasada después de que Rangún impidiera su entrada al país durante los dos últimos años y ante la negativa a liberar a la premio Nobel de la Paz y líder de la oposición Aun San Suu Kyi, tras una década bajo arresto domiciliario.

Los militares han estrechado la represión -los ciudadanos pueden ir a la cárcel por tener un fax o alojar a un extranjero- a la vez que han abierto partes del país al turismo. Los carteles de la capital, Rangún, recuerdan en la lengua local el poder absoluto del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, la institución orwelliana con la que los generales controlan a la población: «No te servirá de nada decir que no conoces la Ley.La ley será implacable».

Minorias étnicas

Las violaciones de los últimos años tienen lugar en el contexto de la guerra entre el régimen y los grupos étnicos minoritarios que no han firmado acuerdos de paz con el Gobierno y que siguen luchando por la independencia de sus regiones desde algunas de las junglas más remotas de Asia. Birmania es, con una población de 45 millones de habitantes dividida en 21 grupos étnicos, una de las naciones más diversas del mundo. Kasauh Mon, director de la ONG Hurfom, que el pasado mes de julio publicó el informe Desfile hacia las barracas, en el que se documentan las violaciones de jóvenes reclutadas para concursos de belleza en bases militares, asegura que el número de agresiones aumenta cada vez que el Ejército organiza una ofensiva militar contra las minorías. «Violar a las mujeres en las aldeas es una forma de castigar a los rebeldes que están ausentes en el frente», asegura Mon al recordar que la mayoría de las víctimas pertenecen a los grupos karen o mon.

Kasauh Mon cree que es imposible saber cuántas mujeres están sufriendo la política de violaciones del régimen de Rangún. La mayoría son jóvenes adolescentes que después de las agresiones viven el rechazo de sus comunidades y a menudo terminan dando a luz niños identificados con el enemigo. La determinación de guardar silencio sobre lo sucedido las lleva a negarse a recibir asistencia médica incluso cuando han sufrido graves heridas y su vida corre peligro. «Algunas supervivientes piden al oficial que las ha violado que se case con ellas [para evitar la vergüenza]», se afirma en el informe Desfile hacia las barracas.

Aunque algunos de los ataques se producen con extrema violencia -mutilaciones, golpes e incluso asesinatos-, la mayoría se llevan a cabo utilizando simplemente el miedo como arma. Los militares suelen entrar en una vivienda o un pueblo, eligen a las jóvenes que desean tomar y amenazan al resto de los habitantes con su ejecución si tratan de impedirlo. El convencimiento de que los soldados llevarán a cabo la amenaza obliga a padres a asistir a la violación de sus hijas y a hijos a presenciar la violación de sus madres.

S.H, de 30 años, fue detenida en mitad de la calle y violada por un mando militar en el pueblo de Paan, en el Estado Karen, delante de su hijo de siete años. «Le dije: "déjame marchar o gritaré". Entonces me enseñó el arma y me dijo que si hablaba me mataría ahí mismo», cuenta esta víctima entrevistada por la organización Hurfom. S.H. permaneció en silencio durante la violación mientras su hijo lloraba a su lado.

La opción de la denuncia es impensable dentro del régimen de terror impuesto por los generales, provocando que muchas víctimas opten por el suicidio como único modo de superar el trauma. Los defensores de la ley son los autores de los ataques y la impunidad con la que actúan hace inviable llevar los casos ante la justicia, que también se encuentra bajo el control del régimen. Las víctimas conocen casi siempre el nombre, el cargo y el cuartel de destino de los atacantes y es normal que se crucen con él a diario, a la espera de una nueva violación. S.H., por ejemplo, identificó al hombre que la violó delante de su hijo como el sargento Zaw Moe, del batallón 851 y destinado en Paan. Tres años después de que los testigos corroboraran su identidad, sigue en libertad.

Los casos reunidos en los cuatro informes que se han publicado entre 2004 y 2005 describen agresiones a niñas de cuatro años -los abusos sobre menores representan casos aislados- y mujeres de hasta 60. Las llamadas para que la comunidad internacional intervenga no han sido hasta ahora atendidas y el pueblo birmano, secuestrado por los generales que tomaron el poder hace más de cuatro décadas, se encuentra abandonado a su suerte.

Las aspiraciones democráticas de Birmania fueron aplastadas por los militares con la masacre de cientos de estudiantes y manifestantes en las calles de Rangún en 1988, la anulación de la victoria electoral de la oposición en 1990 y la posterior detención de su líder Aun San Suu Kyi, la última esperanza del pueblo.

Sobrevivir en Birmania puede depender hoy de un viaje por la jungla para tratar de cruzar la frontera y alcanzar la vecina Tailandia. Entre las refugiadas que logran llegar al campamento de Halockani, al sur del distrito birmano de Ye, hay cientos de jóvenes que emprendieron la marcha para escapar de los desfiles de la Independencia organizados por los militares de la zona para seleccionar a víctimas de su agrado. Las adolescentes, la mayoría menores de 20 años, cuentan que los mandos de los cuarteles exigen una constante renovación de las modelos cada tres días. Las aldeas que se niegan a entregar a sus hijas son penalizadas con multas que arruinan aún más a comunidades que se encuentran entre las más pobres del mundo y sus padres pueden ser detenidos y acusados de pertenecer a las guerrillas.

La frontera se ha convertido para las que escapan en la línea que divide dos opciones imposibles: cruzar a este lado de la frontera donde aguardan las mafias del tráfico sexual y arriesgarse a terminar en uno de los burdeles de Bangkok o quedarse en su tierra y esperar a ser elegidas para un desfile frente al batallón de los violadores.

Referencias

1. ↑ «Charm Tong». Campaña no más violencia contra las mujeres. Amnistía Internacional (?). Consultado el 08-10-2007.
2. ↑ «The war on Burma's women». Charm Tong. The Boston Globe (28-06-2005). Consultado el 08-10-2007.
3. ↑ «Charm Tong». Beyond Intractability Knowledge Base. The Beyond Intractability Project (?). Consultado el 08-10-2007.

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