Defensor del Pueblo de la Nación Argentina


Defensor del Pueblo de la Nación Argentina

Defensor del Pueblo de la Nación Argentina

El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina es una institución argentina que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Esta figura proviene del derecho escandinavo y se lo integró al orden normativo argentino, en la reforma constitucional de 1994, con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes clásicos de las democracias liberales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para combatir la corrupción y hacer más accesible la justicia para muchos sectores de la población a través de su legitimación procesal.

Está instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia surge de:

el artículo 86 de la Constitución Nacional:

Art. 86 - El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

el artículo 43 de la Constitución Nacional:

Art. 43 - Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus será interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

y de la Ley Nº 24.284, modificada por la Ley Nº 24.379.

Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

A tal efecto, puede realizar investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública y sus agentes, ante violaciones a los Derechos Humanos y el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos; tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial.

El titular de esta institución nacional deber ser argentino, nativo o por opción, y es elegido por el Honorable Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras que lo componen.

La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco años y puede ser reelegido por una única vez. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores.

Contenido

Características

La Institución tiene los siguientes rasgos característicos:

No es un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República;

No es una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva;

Se caracteriza por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia con el poder;

No se arroga la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control existentes, los complementa;

Su perfil es el de colaborador crítico de la administración; no su contradictor efectista;

A esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agota sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano;

Ayuda a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma u efecto de causas, seguramente más profundas, las cuales tiende a superar;

Es un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres.

Facultades del Defensor del Pueblo

En el ejercicio de las misiones que la Constitución Nacional y la Ley le encomiendan, el Defensor del Pueblo de la Nación podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos casos originados por cualquier repartición de la Administración Pública Nacional (en todo el territorio del país) y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas, en relación a los siguientes temas:

mal funcionamiento

ilegitimidad

falta de respuesta a reclamos efectuados

mala prestación, atención o trato

Insuficiencia de información

violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor

cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente

También tiene competencia para actuar ante casos de incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado.

Para atender su reclamo, el Defensor del Pueblo de la Nación está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la investigación.

Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada.

También está facultado para proponer al Poder Legislativo y a la Administración Pública la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales.

El Defensor del Pueblo de la Nación dispone de un equipo interdisciplinario constituido por abogados, ingenieros, contadores, asistentes sociales, psicólogos, biólogos, ecólogos y geólogos, que analizan las actuaciones que se promueven ya sea de oficio o como consecuencia de la presentación de una queja, y elaboran propuestas sobre los cursos de acción a seguir mediante técnicas modernas de gestión y procesamiento de la información.

Prohibiciones:

Sin embargo, no puede intervenir:

en conflictos entre particulares.

cuando respecto a la cuestión planteada se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial.

cuando hubiera transcurrido más de un año calendario contado a partir del momento en que ocurriere el hecho, acto u omisión motivo de la queja.

Defensor del Pueblo Argentino:

Jorge Luís Mairorano (1994-1999)

Eduardo R. Mondino (1999-2009)

Fuentes:

http://www.defensor.gov.ar/institucion/quees-sp.htm

Origen del instituto: http://www.nuevoencuentro.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6677

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