Disturbios de Atenco de 2006


Disturbios de Atenco de 2006
Enfrentamiento entre la policía del estado de México y los ejidatarios de Atenco, en Texcoco (mayo de 2006).

Los disturbios de Atenco de 2006, denominados también como Masacre de Atenco por activistas neozapatistas, y como Rescate de Atenco por las fuerzas de seguridad y militantes de otras fuerzas políticas, fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN.

Incidentes y repercusión

Ocurrió mientras se realizaban entre el 3 y 4 de mayo los recorridos de la Comisión Sexta del EZLN en el marco de La Otra Campaña en Ciudad de México. Tras un conflicto en el municipio de Texcoco donde se impidio que un grupo de ocho vendedores de flores adherentes a la "La Otra" se re-instalara en una de las calles principales del mercado Belisario Dominguez, los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dándose a las pocas horas un serio enfrentamiento entre la policía federal, estatal y municipal y los habitantes de esa localidad que derivó en la toma de una carretera federal y enfrentamientos entre ejidatarios de San Salvador Atenco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con agentes de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de Mexico.

Debido a incidentes entre comerciantes informales (floristas), militantes zapatistas, autoridades locales y militantes de los partidos de estas, entre otros, y debido a la perturbación del orden público, la Policía Federal Preventiva intervino e instaló un cerco policíaco-militar a la población. En total, el número de detenidos y heridos a causa de los actos de represión del 3 y 4 de mayo alcanzó las 290 personas.[1] Para el contralmirante y ex director del Cisen, Wilfrido Robledo Madrid, el operativo resultó “limpio”. Luego de 4 días se conocieron varias denuncias de violación a mujeres detenidas, entre ellas reporteras extranjeras que fueron deportadas inmediatamente; aunque algunas de estas denuncias luego fueron cambiadas a las de acoso sexual. Además el caso de dos jóvenes muertos, Javier Cortés (14 años) y Alexis Benhumea (20 años).

En algunos estados y en el Distrito Federal se llevaron a cabo bloqueos de calles y carreteras, marchas y paros intermitentes de labores en facultades y escuelas en solidaridad con las organizaciones de base pro-zapatistas que habían sido reprimidas. Eso dio un impulso adicional a La Otra Campaña a través de muestras de solidaridad y campañas en varios sectores de izquierda del país bajo el lema "Todos somos Atenco".

El 5 de mayo, José Antonio Villanueva Lira, jefe de la subsección del servicio militar nacional de la Armada de México, declararía en el marco de la ceremonia de jura de bandera de 150 jóvenes conscriptos, que “los recientes acontecimientos de violencia y enfrentamiento entre actores sociales y autoridades del gobierno son hechos aislados de gente protagonista que quiere figurar en los escenarios políticos y sociales”, y aseguró que los jóvenes preparados en la Armada “estarían listos” de ser requeridos por el Estado mexicano.[2] Mientras tanto, cientos de personas se preparaban para romper pacíficamente el cerco policiaco-militar de San Salvador Atenco. Al frente, rodeado por una burbuja humana, iría el Subcomandante Marcos y, tras él en primer término, los contingentes de estudiantes de Chapingo, el IPN, la UNAM y la UAM.

A partir de este momento La Otra Campaña tomaría un ritmo vertiginoso que se expresaría en reuniones sectoriales, asambleas plenarias de adherentes, movilizaciones, bloqueos, conciertos y toda una serie de acciones legales, tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de demandar la liberación de las y los adherentes detenidos; de entre todas estas acciones destacaría el plantón de amigos y familiares de las y los presos a las afueras del Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito Tlalcilalcali, en Almoloya de Juárez, Estado de México; donde estaban recluidos la mayoría de las y los presos políticos de los días 3 y 4 de mayo. En mayo de 2007 los presos así como el plantón, fueron trasladados al Penal de Molino de Flores Texcoco lugar donde se encuentra hasta hoy día.

Al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se le ha criticado por las violaciones de los derechos humanos de diversos manifestantes en San Salvador Atenco, donde diversos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos han documentado abusos de parte de la fuerza policial donde afirmo que hubo detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y/o degradante, allanamientos de morada, tortura, abuso sexual y violaciones a 26 mujeres, violación a los derechos de los menores.[3]

Los actos de represión no sólo significaron una dinámica distinta en cuanto lo organizativo al interior de La Otra Campaña. También repercutieron en la estrategia mediática de la Comisión Sexta del EZLN.

Un año después del operativo, tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos durante los operativos (Ignacio Del Valle Medina, Héctor Galindo Cochicoa y Felipe Álvarez), acusados de "secuestro equiparado", fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión en el CEFERESO 1 penal de máxima seguridad del Altiplano; lo cual dada la edad de los presos técnicamente equivale a cadena perpetua. Además de diez personas acusadas por el delito de secuestro equiparado han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel en el Penal de Molino de Flores Texcoco sus nombres son: Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes.

Por otra parte, 21 policías fueron acusados formalmente, de los cuales 15 fueron expulsados de la fuerza policial y 6 más siguieron bajo investigación. El 23 de septiembre de 2008, un tribunal superior requirió que fuese despedido el policía Doroteo Blas Marcelo, y le ordenó que pagara daños y perjuicios a una de las víctimas y los otros cinco policías fueron acusados de abuso de autoridad y fueron sometidos a juicio penal.[4]

En febrero de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó a la conclusión de que las autoridades policiacas que intervinieron en los enfrentamientos que se registraron en San Salvador Atenco, Estado de México, sí incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población.[5]

A finales del mes de marzo del 2009 el músico Manu Chao fue investigado por autoridades migratorias de México debido a las declaraciones que hizo en torno al caso; Manu se encontraba en México en un Festival de cine, donde fue invitado para que presentara sus películas favoritas, dentro de una de una conferencia de prensa Manu expreso su inconformidad con este caso y llamo terroristas a las personas que autorizaron esta invasión.[6]

En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el caso. En este marco, se presenta el informe colaborativo "12 presos por la defensa de la tierra"[7] y América del Valle, perseguida política, decide pedir asilo a la embajada de Venezuela en México.[8] El 30 de junio de 2010, la SCJN dictaminó la libertad, de manera lisa y llana, de los 12 presos de Atenco.[9]

Referencias


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