Incendios en el delta del Río Paraná de 2008

Incendios en el delta del Río Paraná de 2008

Incendios en el delta del Río Paraná de 2008

Imagen satelital de la región afectada el viernes 18 de abril. Puede observarse la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región nornordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata. En rojo se señalan los focos de incendio. Fuente: NASA MODIS

Incendios en el Delta del Río Paraná de 2008, hacia principios de abril de 2008, se produjeron una serie de focos de incendio sobre las islas del Delta del Paraná que, en principio, tenían como objetivo la quema de pastizales para adaptar los suelos del humedal a la actividad ganadera. Sin embargo, la escasez de lluvias durante dicha época del año, sumado a un fenómeno de sequía, tornaron incontrolables los incendios, afectando a más de 70.000 ha.

La nube de humo consecuente generó la contaminación atmosférica más grave de la historia argentina,[1] afectando a la región nornordeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la ciudad, sur de Entre Ríos, sur sureste de Santa Fe, incluyendo a Rosario, llegando incluso a Montevideo y a toda la costa sur de la República Oriental del Uruguay.

Contenido

Ubicación de los incendios

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Estos incendios se encuentran en el Delta del río Paraná y en su Predelta, entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Abarca varios partidos bonaerenses desde su extremo norte de San Nicolás, hasta Zárate y Campana, y los departamentos entrerrianos de Victoria, Gualeguay, e Islas del Ibicuy.

Inicio de los incendios

Los mismos habrían empezado la primera semana de abril de 2008. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria llegó a contabilizar 570 focos de incendio en el área afectada de más 70 mil ha.[2]

El Gobierno Nacional acusó a los mismos dueños de los campos de iniciar el fuego para ahorrar en el corte de malezas, atentando contra la seguridad vial y de afectar el ambiente. La denuncia se encuentra en la Unidad Fiscal de Investigaciones Medioambientales del departamento judicial de Zárate - Campana.[3] Sin embargo, todo esto se produjo durante un período del año en el que históricamente nunca se han quemado pastizales con dicho objetivo, ya que esta actividad se realiza antes de la primavera, y no antes del invierno, lo que produce la pérdida total de las pastos.

Consecuencias

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Políticas

El gobierno nacional acusó a los sectores agropecuarios con los que mantuvo discusiones a raíz del paro patronal de provocar intencionalmente los fuegos para reducir costos en el mantenimiento de sus campos.[4] A su vez el gobierno de la ciudad de Buenos Aires envió un grupo de ayuda a la zona incendiada, compuesto por médicos y especialistas en el manejo de fuego.[5] No obstante, voces racionales entendidas en la actividad agropecuaria, no avalan dicha hipótesis por carecer de toda lógica, de acuerdo con las prácticas realizadas casi culturalmente en esta región.[cita requerida]

Además, esto sucede mientras se vive un clima de intensa tensión entre el Gobierno Nacional y los sectores agropecuarios argentinos, debido a la suba en las retenciones móviles para la exportación de granos. Por lo cual, muchos dudan de las denuncias oficiales y creen que, por el contrario, los incendios fueron provocados por sectores afines al Gobierno, para poder culpar a los ruralistas y revertir el creciente apoyo popular a este sector.[cita requerida]


Impacto ambiental

Los niveles de monóxido de carbono y partículas solidas en suspensión registrados durante la duración de la nube de humo fueron los mayores vistos en la zona del Río de la Plata a pesar de ser un sector de contaminación frecuente a causa de las industrias y el transporte automotor.[6] En la ciudad de Buenos Aires las mediciones de monóxido de carbono del día 17 de abril arrojaron la grosera cifra de 17 partes por millón, que se acercaron peligrosamente al máximo tolerable sin caer en intoxicación determinado en 35 partes por millón.[7] En un día típico en Buenos Aires las mediciones dan unas 2 ppm.


Incidencia en la salud

El humo producido por los incendios ha causado irritación en nariz, garganta, pulmones y ojos, problemas respiratorios y otras molestias más complejas como el edema de párpado y con queratitis,[8] especialmente a los bonaerenses y porteños.[9]

Aspectos meteorológicos

Nube de humo en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina ha lanzado numerosos alertas meteorológicos por reducción de visibilidad por presencia de humo[10] para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El organismo se basa en estos pronósticos, a través de las imágenes satelitales disponibles,[11] donde se observan focos de incendios en el sur de Entre Ríos y en las islas del Delta del Paraná. La presencia de humo en el ambiente se ha informado en las estaciones meteorológicas de la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, San Fernando, El Palomar, Morón, San Miguel, Punta Indio, Junín, Rosario, Dolores, La Plata, Reconquista, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Paraná y Gualeguaychú.[12] Durante las últimas horas del día 18 de abril vecinos de las localidades de Ezeiza y Pilar denunciaron caída de cenizas, que complicaron aún más la delicada situación del aire en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires.[13]

Así mismo la Dirección Nacional de Meteorología del Uruguay ha informado reducción de visibilidad por presencia de humo en las ciudades de Montevideo, Colonia del Sacramento, Punta del Este, Durazno, Melo y Florida.[14]


Emergencia vial

El día 18 de abril de 2008, Florencio Randazzo, Ministro del Interior de la Nación, declaró la emergencia vial en las arterias aledañas a los incendios para garantizar así la seguridad. Las rutas RN 8, RN 9, RN 12, RN 14, RN 192, RN 205, el Camino del Buen Ayre, la Autopista Buenos Aires - La Plata, la Autopista del Oeste y la Autopista Ricchieri fueron las arterias más afectadas, muchas de ellas cortadas al tránsito por momentos. Además la Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires sufrió el cierre total de operaciones para la salida de micros de media y larga distancia. En tanto, el Aeroparque Jorge Newbery, sólo efectuaba aterrizajes, cancelándose todos sus despegues.[15]

Actuación del Defensor del Pueblo de la Nación

La escasa visibilidad por presencia de humo generó varios siniestros viales. El primero de ellos, ocurrido el 9 de abril, dio lugar a una acción judicial del Defensor del Pueblo de la Nación (DPN), Eduardo Mondino, ante el juez federal de San Nicolás para que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la propia concesionaria Vial 3 indiquen qué medidas adoptaron para intentar prevenir la tragedia. A raíz de esta decisión del DPN, el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzó a investigar en forma inmediata la causa del humo en las rutas y con ello se amplió la denuncia penal anterior. Luego de esto, el Defensor del Pueblo de Santa Fe radica la denuncia que da origen a la actuación Nº 2136/08. En ella que destaca que el humo constituye una amenaza al medio ambiente en general y a la seguridad de las personas, y da como ejemplo el siniestro vial. Asimismo indica que el humo sería producto de la quema de vegetación en las islas del delta, limítrofes con la costa del río Paraná en la vecina provincia de Entre Ríos, los cuales ocurren en forma periódica y se incrementan año tras año.

En el curso de la investigación se realizaron reuniones con expertos y los propios afectados y se libraron pedidos de informes a todas las autoridades con competencia directa e indirecta en estos temas tanto a nivel nacional como en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y instituciones académicas de prestigio nacional, incluyendo autoridades de medio ambiente, producción, salud, prevención y acción ante emergencias: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Subsecretaria de Seguridad Ciudadana de la Nación, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Servicio Meteorológico Nacional, Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales de la Universidad de Buenos Aires (GIEH); Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, Secretaria de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, Secretaria de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Subsecretaria de Salud de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Subsecretaria de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaria de Atención Integrada de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resultado de la investigación

Al mes septiembre del año 2008 los incendios no habian cesado aun. De un nuevo relevamiento efectuado por la Defensoría a partir de información satelital que se obtiene del Sistema de Información de Fuego de la Universidad de Maryland, Estados Unidos (FIRMS), resulta que en la semana del 15 al 21 de septiembre se registraron en todo el delta del río Paraná (entre Diamante, Entre Ríos, hasta la desembocadura del Río de la Plata) 160 incendios; mientras que en la semana del 22 al 29 de septiembre el número de incendios era de 179. Al respecto, el Intendente de San Pedro envía un informe indicando que el actual panorama no difiere de los momentos críticos que ocurrieron entre abril y junio. También denuncia que "no hay intención de controlar los incendios y, mucho menos, de detener el severo deterioro ecológico que, a esta altura, resulta irreparable." De lo anterior se desprende que la acción gubernamental para atender el problema es insuficiente. A continuación se detallan los motivos y sus consecuencias:

No existe una mirada integral sobre el Delta

El Delta del Paraná es un área interjurisdiccional que involucra a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires por lo que cualquier programa de sustentabilidad o protección que pretenda efectividad, debería contar con el compromiso de tres provincias y la Nación. Consultados por esta Defensoría los distintos niveles de gobierno nacional y provincial sobre los programas o políticas de conservación y uso sustentable establecidos para la región, se puso en evidencia que la Argentina no contaba ni tenía prevista una política nacional que, mediante la articulación con los gobiernos provinciales, garantice la conservación y uso sustentable de su humedal más importante:

  • De la respuesta de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) surge que no tenía ningún plan para la región del Delta ni lo tenía contemplado en su agenda de gestión.
  • Consultada la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos indica que el tema no es su competencia y lo deriva a la Secretaría de Producción Agrícola.
  • Por su parte, la Subsecretaria de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Entre Ríos no responde a la consulta.
  • El Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) indica que si bien es la autoridad de aplicación de las normas ambientales en la porción bonaerense del Delta, no existe a la fecha un programa específico para todo el Delta Paranaense.

En toda la zona abundan los emprendimientos forestales, ganaderos, agrícolas, la apicultura, la pesca comercial y de subsistencia, el turismo y los barrios cerrados. Pero hasta el presente no existe un ordenamiento ambiental del Delta ni un plan estratégico para la toda zona, lo que se traduce en que cada provincia impulsa y aprueba -sin consultar con las demás- distintos emprendimientos cuyos impactos se acumulan sin la debida evaluación:

  • En Buenos Aires: avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre zonas naturalmente bajas e inundables mediante rellenos, endicamientos y construcción de terraplenes (Nordelta, Colony Park, etc.), lo cual impide el normal desarrollo de la dinámica del humedal.
  • En Entre Ríos:
  • se autorizó y promovió la ganadería en islas fiscales de la provincia (ley Nº 9603). Esto derivó en el otorgamiento de 111.000 hectáreas a productores ganaderos.
  • Consultada la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos respecto de si había realizado estudios de impacto ambiental previo a impulsar la ganadería en las islas, responde que no son competentes y que la consulta fue derivada mediante expediente único 897.155 a la Subsecretaría de Producción Agrícola,
  • Por su parte, la Subsecretaria de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Entre Rios responde a la consulta, de lo que se deduce, por otros informantes, que no se realizó la respectiva EIA previo a autorizar el cambio masivo de uso del suelo.
  • Como consecuencia directa de estas medidas, el INTA señala que desde entonces las cabezas de ganado ascendieron de 60.000 a 1.000.000 (entre 3 y 5 veces más de lo recomendable para la zona), y se incrementaron las quemas de vegetación para favorecer el rebrote y alimentar los animales.
  • Además, el gobierno se encuentra en tratativas para instalar una planta de biodiesel en tierras fiscales de la zona del Puerto de Ibicuy. Esto seguramente devendrá en un aumento de los cultivos de oleaginosas, ya de por sí muy extendidos, los cuales implican un cambio radical en el uso del suelo de la región mediante drenajes y canalizaciones.

En este escenario de desmanejo, es de esperar que los incendios de gran magnitud se repitan o incluso se incrementen en el futuro.

Los incendios eran previsibles pero se actuó tarde

En este caso particular, tanto el INTA como la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación indicaron, después de ocurridos los incendios, que existían indicios que hacían prever el desarrollo de los mismos. Sin embargo, no hubo reacción oficial para prevenir y combatir esos focos hasta que el humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, se produjeron los accidentes viales y el problema tomó estado público por la denuncia de esta Defensoría. Los organismos a cargo de las tareas de prevención y combate, según las leyes vigentes, son el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y el Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF): • el SIFEM no contesta cuál fue su actuación, lo cual sugiere un fracaso en el funcionamiento del Sistema para dar respuesta a una emergencia. • la coordinación del PNMF indica que los referentes de la provincias de Entre Ríos y Santa Fe no solicitaron la ayuda de la Nación hasta el día 16 de abril, es decir, cuando el humo llevaba una semana en Buenos Aires y la situación ya era claramente crítica e irreversible. Sin embargo, considera que "ha sido respetado y cumplido el protocolo de intervención del PNMF que establece el esquema de organización ante estos eventos (según la resolución 856/01)", lo cual, evidentemente, no garantiza el éxito de las acciones. Como resultado de esto, no sólo se encontraron (y se encuentran) comprometidos los recursos naturales y las actividades productivas, sino que en particular, el humo y las cenizas pusieron en grave riesgo la salud de los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimados en 15.000.000 de personas.

Surge de las respuestas de las autoridades sanitarias (Subsecretaria de Salud de la Provincia de santa Fe; Secretaria de Salud de Entre Ríos; Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; y la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires que los efectos en la salud de los incendios ocurridos incluyen: el aumento de enfermedades respiratorias, tos, irritación de los bronquios, irritación ocular, sensación de sequedad en boca y garganta, exacerbación de episodios de asma y aumento de la morbi-mortalidad especialmente en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas, siendo los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos los grupos de mayor vulnerabilidad. Asimismo, aumenta el riesgo de transmisión de hantavirus y leptospirosis.

El Delta del Paraná es una región estratégica para la Argentina

El Delta del Paraná es un vasto macromosaico de humedales que cubre aproximadamente 17.500 km2 desde la ciudad de Diamante (Entre Ríos) hasta el río de la Plata (Buenos Aires). Representa la mayor extensión de hábitat silvestre de características únicas y alta biodiversidad en el eje La Plata-Rosario, una de las zonas más densamente pobladas (15 millones de habitantes aproximadamente) y con mayor dinamismo productivo del país. Es una región considerada "en peligro" por la comunidad científica internacional y con alta prioridad de conservación a escala regional. Este ecosistema es estratégico para el país ya que alimenta los ciclos de reproducción y desarrollo de la mayor pesquería fluvial del país, es de importancia estratégica en la reserva y purificación de agua potable para los habitantes de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y cumple un rol clave en la amortiguación de inundaciones en las tres provincias.


Las recomendaciones del DPN a las autoridades

En vista de lo anterior, el 19 de septiembre de 2008, el Defensor del Pueblo de la Nación dictó la resolución Nº 149/08 [1] recomendando:

  • A la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que
    • a) Promueva la creación de un área protegida interjurisdiccional, que abarque la totalidad del Delta del Paraná, sus islas y cuerpos de agua, con su respectivo Plan de Manejo que defina las actividades permitidas en cada área y la forma en que pueden realizarse;
    • b) Impulse la aprobación legislativa por el Congreso de la Nación y las Legislaturas Provinciales de las decisiones que correspondan para garantizar lo anterior.
    • c) Adecúe el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego para garantizar su efectividad en la prevención y lucha contra los incendios.
  • Al Ministerio del Interior que ponga en marcha un sistema de prevención y acción frente a emergencias y catástrofes nacionales, incorporando un mecanismo activo de alerta temprana.
  • A los Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos que evalúen la posibilidad de suspender la autorización de nuevos emprendimientos o cambios en el uso del suelo, hasta tanto no se apruebe y aplique el Plan de Manejo antes mencionado.

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Referencias

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