Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social

La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social fue una ley del código penal español aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto de 1970.^[1] Sustituía principalmente a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales. Entre ellos se incluía a aquellos que practicaran la mendicidad, la homosexualidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la venta de pornografía, la prostitución y el proxenetismo. Así como a los inmigrantes ilegales y a cualquiera que fuera considerado peligroso moral o socialmente por el régimen.

Establecía penas que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la «rehabilitación» de los individuos.

Esta ley junto a la de «escándalo público» fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad en la última parte de la dictadura franquista. Tras la muerte de Franco el indulto de 1975 y la amnistía de 1976 no incluyó a ninguno de los considerados «peligrosos socia­les».

Entrada la democracia la ley siguió en vigor, aunque sin aplicación de facto para los homosexuales. En enero de 1979 se eliminaron varios ar­tículos de la ley,^[1] entre ellos el referente a «los actos de homosexualidad». La lucha de los colectivos homosexuales se centró enton­ces en conseguir la modificación de la ley sobre el escán­dalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989. La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.^[1]

En la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de protección de datos 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, se declaran confidenciales los archivos policiales de todos los reprimidos con esta ley, y sólo los historiadores pueden acceder a sus datos con fines estadísticos.^[2]

Referencias

1. ↑ ^{a b c} Boletín oficial del estado español (B.O.E) nº187 de 6/8/1970. Incluye un PDF con el texto de la ley y su análisis jurídico
2. ↑ B.O.E nº 298 de 14/12/1999. Ley de protección de datos