Ley de Defensa de la República


Ley de Defensa de la República

La Ley declarando actos de agresión a la República, coloquialmente conocida como Ley de Defensa de la República, fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 21 de octubre de 1931[1] y derogada en julio de 1933 al aprobarse la Ley de Orden Público.


Contenido

Situación política y social

Recién proclamada la República, el 17 de mayo de 1931 se reorganizó el Cuerpo de Seguridad y se le adscribieron las llamadas Compañías de Vanguardia (posteriormente denominadas Sección de Guardias de Asalto), utilizando como base la ya existente Sección de Gimnasia del Cuerpo de Seguridad. Integrada en el Cuerpo de Seguridad, la Sección de Guardias de Asalto constituyó una fuerza de choque destinada a actuar en las aglomeraciones con motivo de festejos, desfiles, manifestaciones, etc., y en los intentos de alteración del orden público. Se trata de los antecesores de los actuales antidisturbios. Entre otros cambios, respecto la Guardia Civil sus miembros fueron mejor dotados y equipados para la conservación del orden público.

Las intenciones de la República se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial sumida en la Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En términos de fuerzas sociales, la Segunda República surgió porque los oficiales del ejército no apoyaron al rey, con el que estaban molestos por haber aceptado éste la dimisión de Primo de Rivera, y a un clima de creciente reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes, lo que resultó en algunos casos en enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas revolucionarias.

En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria.

La sociedad española de los años Treinta era fundamentalmente rural: un 45,5 % de la población activa se ocupaba en la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre la industria y el sector servicios. Estas cifras describen una sociedad que aún no había experimentado la Revolución industrial. En cuanto a sindicatos y partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya lista fue la más votada para las elecciones constituyentes de 1931, contaba con 23.000 afiliados; su organización hermana, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ya contaba en 1922 con 200.000 afiliados; el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía en septiembre de 1931 unos 800.000 afiliados. Otras organizaciones, como el Partido Comunista de España (PCE) tenían una presencia nominal y no cobraron fuerza hasta el comienzo de la Guerra Civil. En cuanto a los nacionalismos, la "Lliga Regionalista de Catalunya" liderada por Francesc Cambó había apoyado abiertamente la dictadura de Primo de Rivera, y por ello permaneció al margen de la política durante la República, mientras que otros partidos políticos catalanes, más escorados hacia la izquierda o el independentismo, fueron los que tuvieron mayor protagonismo; en el caso del País Vasco y Navarra, cabe mencionar que aún no se había consumado la ruptura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Comunión Tradicionalista (CT), integrada ésta última por los carlistas.

Antes de la promulgación de la ley, el gobierno decidió medidas de censura (en mayo de 1931 la guardia civil disparó contra un grupo de anarquistas, matando a 8 personas.Eel gobierno amenazó de cierre a los periódicos que hablaran de la noticia; éste fue el primer gran caso de censura) y mano dura y Azaña dijo si la republica no se hace respetar (...). Se hara temer (...), para defender esta ley, cuando todavía era proyecto. La Ley fue promulgada en base al clima de inestabilidad y de puesta en cuestión del nuevo orden republicano, tanto a priori como en los primeros meses de su existencia, por los maximalismos políticos del momento. Tuvo el privilegio, hasta su anulación en 1933, de estar por encima de la Constitución de la República Española de 1931, limitando derechos específicos reconocidos en ella. En diferentes vertientes y circunstancias, el gobierno podía censurar publicaciones, cerrar centros de actividad política o detener a individuos por decisión del ejecutivo o a través de sus delegados especiales, sin necesidad de tribunales, lo que en cierto modo contradecía el artículo 34 de la Constitución, el cual establecía:

Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente.

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme

Sin embargo, la Ley fue ratificada por la Constitución de la República Española de 1931, por lo que su entramado jurídico se revistió de legalidad. Así pues, la Ley de Defensa era una durísima medida de excepción que permitió al Gobierno actuar contra sus enemigos manifiestos, con rapidez y al margen del sistema judicial, anulando, de hecho, las garantías constitucionales, pero sin violar técnicamente la Constitución.

La represión que esta ley impulsó la acusaron en especial los anarquistas, pues muchos fueron encarcelados, desterrados y asesinados por las fuerzas de orden público del Estado en episodios como las insurrecciones del Alt Llobregat; aquí se deportó a 104 anarquistas a África y se dió orden por parte del propio Azaña de fusilar a quien se cogiese con armas, habiendo sólo 30 muertos, o la matanza de Casas Viejas. Muchos jueces y funcionarios no se atrevían a investigar o hablar de estos crímenes, pues temían se objeto de las sanciones previstas por la ley de defensa de la república Además, la ley limitaba fuertemente el derecho de huelga, y la censura se cebó con las publicaciones. Hizo que muchos anarquistas, sobre todo sus dirigentes, se inclinasen por hacer campaña activa por la abstención y, teniendo en cuenta que para la CNT de la II República se manejan cifras entre 500.000 y casi 2.000.000 de afiliados; otros autores hablan de hasta 2.000.000, incluyendo simpatizantes, que, aunque no militando, seguían instrucciones de la CNT, por ejemplo al votar, pudo influir mucho en la victoria de la derecha en noviembre de 1933.

Evolución del número de afiliados a la CNT entre 1911 y 1937.

Como se ve en el cuadro de la derecha la represión, que favorecía esta ley hizo que la CNT perdiera militantes Otras fuerzas políticas, como las monárquicas, también fueron afectadas por esta Ley; especialmente fámoso fue el episodio después de la rebelión de Sanjurjo, conocida como Sanjurjada, cuando el gobierno decidió cerrar todas las publicaciones de derecha, sin importar su relación con el intento de golpe de Estado y se deporto a 145 militares a África y el periódico ABC estuvo a punto de quebrar por el cierre.

De carácter transitorio, fue sustituda por la Ley de Orden Público de julio de 1933, la cual fijaba como objetivo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales establecidos por la Constitución. Sin embargo, dada la conflictividad del período republicano, prevalecieron rápidamente los aspectos más autoritarios de la Ley, y especialmente los artículos que facultaban al Gobierno para establecer por Decreto tres grados de excepcionalidad por motivos de orden público: el estado de prevención, de alarma y de guerra.

Fuente

Libro:Los personajes de la república vistos por ellos. Autor: Pío Moa. Libro: En nombre del pueblo. Autor: Rafael Cruz.

Referencias

  1. Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil (1931-1939), ed. Orbis, página 65, ISBN 84-7530-947-X

Enlaces externos


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