Ley de Responsabilidades Políticas

Ley de Responsabilidades Políticas

La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, mencionada a veces por sus siglas LRP, fue una ley española dictada al final de la Guerra Civil. El primer gobierno de la dictadura franquista dictó la norma «reconociendo la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la patria» e invocando que se «busca liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión» que culminó en el sangriento enfrentamiento.[1]

Contenido

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La norma enumeraba actos y omisiones que daban lugar a la exigencia de «responsabilidades políticas» contra quienes hubieran colaborado con la Segunda República Española desde el 18 de julio de 1936; también se extiende la responsabilidad al periodo que comprende desde la Revolución de Asturias de 1934, sancionando a quienes la habían favorecido. Tales actos generadores de responsabilidad política se enumeraban con la amplitud necesaria para que resulten comprendidas todas las actuaciones que, a juicio del franquismo, eran merecedoras de castigo.

Cabe indicar que la propia denominación de la norma, al insistir en las responsabilidades políticas no restringía las sanciones a quienes hubieran participado en luchas armadas, sino que los castigos se extendían a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano o a los rebeldes izquierdistas de 1934, incluso sin participar en hechos de armas.

Declaraciones generales

La ley consideraba dos períodos subversivos. El primero transcurre desde el 1 de octubre de 1934 cuando se crea o agrava la subversión. El segundo desde el 18 de julio de 1936 al oponerse al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave.

El primer periodo fue incluido con el fin de asegurar la represión política contra todos los partidos del Frente Popular que apoyaron la Revolución de Asturias de 1934, lo cual suponía establecer castigos y penas para todos los militantes y simpatizantes de la izquierda española desde el 1 de octubre de 1934. El segundo periodo extendía la culpabilidad (o responsabilidad política) contra todos los españoles que hubieran servido a la República de alguna manera durante la guerra civil, sin distinción de jerarquías, aunque evidentemente la responsabilidad política reconocía severos agravantes para quienes hubieran asumido mayor grado de compromiso y apoyo con el bando republicano, ya sea por ejercer altos cargos civiles o militares, o por integrarse voluntariamente al servicio de la República durante la guerra. La retroactividad de las penas era un elemento característico de esta norma, que terminaba criminalizando así, en la práctica, a casi todos los simpatizantes del bando republicano que no pudieron huir al exilio.

La Ley de Responsabilidades Políticas establecía sanciones y penas de modo paralelo a las leyes penales españolas y permitía así imponer diversas condenas contra los republicanos vencidos: desde la pena de muerte hasta larguísimas penas de prisión y trabajos forzados (entre diez a treinta años), con inhabilitaciones y prohibiciones civiles inclusive para quienes cumplieran la totalidad de sus condenas.

La LRP fue una de las más completas herramientas legales establecidas por la España franquista para ejercer represión política contra el bando vencido, hasta que su aplicación concluyó con la promulgación de las leyes de amnistía de 1969, tras treinta años de plena vigencia. Aún así las inhabilitaciones y prohibiciones fijadas por la LRP siguieron vigentes contra todos los líderes del exilio republicano hasta la muerte de Franco en 1975.

Bibliografía

  • Álvaro Dueñas, Manuel: Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo: la jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939–1945). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. ISBN 9788425913228.
  • Álvaro Dueñas, Manuel: «El decoro de nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas», en Revista de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Madrid, n.° 105, 1999, pp. 147–174.
  • Álvaro Dueñas, Manuel: «Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942», en Revista de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Madrid, n.° 69, 1990, pp. 141–162.
  • El fondo documental producido por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas de 1936 a 1945 se compone de 1.156 cajas y se conserva en el Archivo General de la Administración sito en la ciudad de Alcalá de Henares.

Véase también

Referencias

  • Este artículo incorpora textos de dominio público, acogidos al Artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

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