Limazo

El Limazo o el Febrerazo, son los nombres con que se conocen a una serie de revueltas populares ocurridas en la ciudad de Lima el 5 de febrero de 1975, y que fueron reprimidas sangrientamente por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Trajo como consecuencia el agravamiento de la crisis política que enfrentaba el gobierno y la subsiguiente caída de Velasco, finalizando así la primera fase del gobierno militar.

Antecedentes

Por entonces, el autodenominado “Gobierno Revolucionario” de las Fuerzas Armadas, (implantado en el Perú en 1968), atravesaba una situación crítica. A lo largo de seis años de mandato autoritario había nacionalizado recursos, expropiado empresas, realizado una reforma agraria, expropiado bancos e iniciado una reforma educativa. Pero sectores extremistas cercanos a Velasco pedían una radicalización, que orientara al país de manera definitiva hacia el socialismo y el marxismo. Influenciado por esos sectores, el gobierno decidió confiscar los medios de comunicación.

En la medianoche del 26 al 27 de julio de 1974 fueron ocupadas las sedes de los últimos diarios limeños que aún mantenían su autonomía: La Prensa (de propiedad de Pedro G. Beltrán), Última Hora (vespertino que se imprimía en los mismos talleres de La Prensa), El Comercio (de propiedad de la familia Miró Quesada), Correo y Ojo (de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi). Nominalmente, estos diarios fueron puestos a manos de los “sectores organizados” de la población, pero en realidad fueron entregados a empleados serviles del gobierno. Las televisoras y las radios ya habían sido afectadas tiempo atrás por diversas formas de control.

Dicho atropello a la libertad de prensa trajo como consecuencia que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Los días 28 al 30 de julio la juventud del distrito de Miraflores se apoderó de las calles y plazas alzando su voz de protesta. Más de 400 manifestantes fueron detenidos. El aparato propagandístico del gobierno se limitó a ridiculizar la protesta, calificándola de “pituca” u “oligárquica”.

El “Limazo”

El descontento popular alcanzó también a los miembros de la Policía,^[1] mayoritariamente procedente de sectores populares y medios bajos. Los policías se sentían postergados por un régimen militar que los consideraba como “fuerzas auxiliares” y no contaban con representación alguna en los organismos de gobierno. Pedían además la mejora de sueldos y el fin de los maltratos que sufrían. Se mencionaba el caso específico de un oficial de policía que había sido abofeteado públicamente por el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, por incumplir sus órdenes de no permitir que los periodistas se acercasen al vehículo del Presidente.

La manifestación policial empezó el sábado 1º de febrero de 1975, y al día siguiente se extendió de comisaría en comisaría, conformándose una comisión representativa que se instaló en la sede de Radio Patrulla, en la avenida 28 de Julio del distrito de La Victoria. Los policías amenazaron con una huelga total de no atenderse sus reclamos; al fracasar las negociaciones, consumaron la amenaza y el martes 4 Lima quedó completamente desguarnecida. En las últimas horas de la tarde de ese día empezaron a sentirse las consecuencias, sobre todo por la congestión del tráfico y el aumento de atracos y delincuencia.

Hacia la medianoche del 4 al 5 de febrero, unidades blindadas del Ejército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entrega de los dirigentes policiales y el fin de la huelga; al no haber respuesta, a las cuatro de la madrugada se produjo la toma violenta del local. Muchos policías huyeron y otros se rindieron. En los barrios colindantes la población podía escuchar el tableteo de ametralladoras y estruendo de tanques. Debido al cerco militar de la zona, que impidió el acceso, nunca se pudo precisar el número de muertos y heridos entre los huelguistas. La versión oficial negó que hubiese habido bajas, lo que resulta harto improbable. Culminada su labor, el Ejército se retiró.

Las horas siguientes en las calles del centro de Lima fueron de incertidumbre. La gente temía salir de sus casas, pero poco a poco comenzó a darse cuenta de la falta de control. En la mañana, la protesta estalló tanto en Lima como en el Callao. Turbas recorrieron la ciudad e incendiaron el Casino Militar (situado en la Plaza San Martín), el local del diario Correo y el Centro Cívico (donde se hallaban las oficinas del SINAMOS). Los ataques a estos últimos, al parecer, estuvieron encabezados por estudiantes apristas que trataron de dirigir la espontánea explosión popular. Los vándalos se dirigieron a continuación hacia la sede del diario Expreso, pero sus trabajadores bloquearon las entradas con enormes bobinas de papel y se defendieron. Paralelamente se produjeron saqueos de tiendas y supermercados.

Desde Palacio de Gobierno se ordenó la salida de las tropas de la segunda región militar con sede en Lima, a cargo del general Leonidas Rodríguez Figueroa. Las tropas, montadas en tanques, tanquetas y hasta helicópteros, salieron recién a mediodía y reprimieron a sangre y fuego tanto a los saqueadores como a los manifestantes. Asimismo, mediante comunicado oficial, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y declaró el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El día 6 se dispuso que el toque de queda fuese a las 8 p.m. Más adelante fue a las 10 p.m., y, finalmente, a medianoche, pero pasó algún tiempo sin que pudiera retirarse definitivamente.

El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados.^[2]

El gobierno acusó oficialmente a la CIA y al Partido Aprista de alentar los disturbios y protestas. Una caricatura publicada en el diario Correo representó a Víctor Raúl Haya de la Torre (líder del APRA) rodeado de matones incendiarios, con la leyenda: “Solo el Apra quemará al Perú” (parafraseando el lema aprista de “Solo el Apra salvará al Perú”).

Pero cualquiera fuera la explicación que se intentase, lo cierto era que el Velascato ya estaba herido de muerte.^[3]

Consecuencias

Por primera vez en los seis años de régimen militar se producía una manifestación abierta de descontrol social y de represión contra la población en Lima. Estas situaciones ya se habían presentado en el interior del país, en Ayacucho (1969), el centro minero de Cobriza (1971) o Andahuaylas (1974), pero no en Lima. El “Limazo” del 5 de febrero mostró la pérdida de la legitimidad que los militares habían conseguido con las reformas. Ello puso en debate ya no sólo el problema del recambio del general Velasco, sino también el de la búsqueda de salidas políticas que mantuvieran la unidad institucional de las Fuerzas Armadas; pero, sobre todo, el gobierno quería reforzar su relación con las organizaciones populares mediante la creación de un partido político. El 25 de febrero el gobierno publicó las “Bases ideológicas de la revolución peruana” y en julio se anunció la formación de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), que no tendría éxito.

Este mismo año se habló hasta el mes de agosto de la inminencia de una declaratoria de guerra a Chile, dándose ya como fecha, según rumores, los primeros días de agosto en conmemoración de la batalla de Junín. No se cumplieron tales previstos, pero la situación se tornó ya definitivamente insostenible, pues el costo de vida subía constantemente y la inflación llegaba al 24 %. El desempleo era creciente, faltaban inversiones ante la inseguridad. Por último, el 29 de agosto se produjo un levantamiento en Tacna del general Francisco Morales Bermúdez, ex Ministro de Hacienda del régimen, que destituyó a Velasco e inició la llamada Segunda Fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Notas

1. ↑ La policía peruana estaba dividida entonces en tres ramas independientes: Guardia Civil (GC), Policía de Investigaciones (PIP) y Guardia Republicana (GR). De las tres, la primera era la más antigua y contaba con el mayor número de integrantes y el mayor presupuesto. Años después, en 1988 y bajo el primer gobierno de Alan García Pérez , se unificó los tres cuerpos policiales en una sola institución, la Policía Nacional del Perú (PNP).
2. ↑ Datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt, citados en El Perú Contemporáneo, de Ricardo Portocarrero Grados, incluido en Historia del Perú, pág. 1105. Lexus Editores, Lima, 2000. ISBN 9972-625-35-4
3. ↑ Un testimonio más cercano es del afamado periodista peruano Enrique Zileri. El mismo que fue publicado 26 años después del suceso que fue calificado como el día que estalló la capital del Perú, por la revista Caretas del 3 de febrero del 2000. Ver Enlace Externo.

Fuente

• El Siglo XX de El Comercio. 1970-1979. Plaza & Janés Editores S.A. Edición de Perú, 2000. Impreso en los talleres de Empresa Editora El Comercio S.A. ISBN 9972-617-21-1
• Guerra, Margarita: Historia General del Perú. Tomo XII. La República contemporánea (1919-1950). Primera Edición. Editorial Milla Batres. Lima, Perú, 1984. ISBN 84-499-4818-5
• Portocarrero Grados, Ricardo: El Perú Contemporáneo. Incluido en Historia del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-35-4

Enlace externo

• Reportaje de la revista Caretas