Proclamación del Estado Catalán en octubre de 1934


Proclamación del Estado Catalán en octubre de 1934

El 6 de octubre de 1934 tuvo lugar en Barcelona la sublevación y proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys. Estos hechos se encuadran dentro del movimiento insurreccional producido por la entrada de la CEDA en el gobierno de la República (Revolución de octubre de 1934), en virtud de sus resultados en las elecciones generales de noviembre de 1933, y son conocidos en la historiografía nacionalista catalana como hechos del seis de octubre.

Contenido

Antecedentes

Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), el rey Alfonso XIII pretendió una transición ordenada hacia un régimen democrático, cuyo primer paso consistía en la convocatoria de elecciones municipales, fijadas para el 12 de abril de 1931. Antes, en agosto de 1930, los partidos republicanos se habían reunido y firmado el pacto de San Sebastián. El pacto, firmado también por representantes de los partidos nacionalistas catalanes, Manuel Carrasco Formiguera (Acción Catalana), Matías Mallol Bosch (Acción Republicana de Cataluña), y Jaume Aiguader (Estat Català de Francesc Macià, uno de los grupos que formarían poco más tarde Esquerra Republicana de Catalunya), incluía el compromiso de dar una solución jurídica al problema catalán, mediante la creación de un gobierno autónomo cuyas competencias serían definidas mediante un estatuto de autonomía aprobado por las Cortes españolas.[1]

En Cataluña, concurrieron a las elecciones municipales cuatro grupos además de los monárquicos: a la derecha, la Lliga Regionalista; en el centro, el nuevo Partit Catalanista Republicà (Acció Catalana Republicana), fruto de la fusión entre Acción Catalana y Acción Republicana de Cataluña; a la izquierda, la recién creada Esquerra Republicana de Catalunya. Al margen de los partidos catalanistas, radicales y socialistas reproducían la Conjunción Republicano-Socialista del resto de España. Los resultados mostraron un arrollador triunfo de ERC, que llevaron a su líder, Francesc Macià, a proclamar el 14 de abril, a través de una emisora de radio[2] y en catalán, la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica[3] (por la mañana, Companys había proclamado la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona):

Catalanes: Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica.

De acuerdo con el Presidente de la República española Señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos adoptados en el Pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresen cúal es en estos momentos su voluntad...

A las pocas horas, se proclamaba en Madrid la Segunda República. La iniciativa de Macià, que según algunos historiadores,[4] no pretendía romper con el pacto con la Conjunción Republicano-Socialista, sino quemar etapas en un proceso de federalización de los pueblos peninsulares, en la confianza de que ésta sería la fórmula aceptada por el régimen triunfante, constituía, de hecho, la violación[cita requerida] del Pacto de San Sebastián, sobre todo dado que aún no existían Cortes Constituyentes. Aunque el gobierno provisional de la República descalificó inicialmente la proclamación, la visita a Barcelona el 17 de abril de los ministros Marcelino Domingo, Luis Nicolau d'Olwer (catalanes ambos) y Fernando de los Ríos permitió la reconducción de la situación. Los nacionalistas catalanes renunciaban al Estado catalán[cita requerida] a cambio del restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña (decreto del presidente provisional, Niceto Alcalá Zamora, el 21 de abril), con Francesc Macià como primer Presidente de la institución y presencia de todos los partidos republicanos y de izquierdas catalanes, y la ratificación por las Cortes Constituyentes de un Estatuto de Autonomía elaborado por las fuerzas políticas catalanas y aprobado en plebiscito por los ciudadanos de Cataluña.

El 9 de septiembre de 1932 las Cortes Españolas aprobaron, tras fuertes recortes el Estatuto de Autonomía (el conocido como Estatuto de Núria), y a las pocas semanas, se celebraban elecciones al Parlamento de Cataluña, con nuevo triunfo arrollador de ERC, que conseguía 56 de los 85 escaños en juego. El Parlamento se constituía el 6 de diciembre, con Lluís Companys como primer Presidente de la cámara legislativa, y ERC formaba un gobierno monocolor. En enero de 1934 la autonomía catalana asumía facultades judiciales con la creación del Tribunal de Casación de Cataluña, así como nuevos poderes ejecutivos, incluyendo los de Orden Público al desaparecer de la estructura política la figura de los gobernadores civiles, que representaban al Estado español en Cataluña. Antes, el día de Navidad de 1933 moría el presidente Macià. El 1 de enero de 1934 era elegido Lluís Companys para sucederlo.

Mientras, en noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales del periodo republicano, que fueron ganadas por la CEDA de José María Gil-Robles, con casi 120 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con poco más de cien escaños. Los socialistas perdieron la mitad de sus escaños y los republicanos de izquierda quedaron virtualmente barridos de la cámara. Las diferencias políticas entre el gobierno de izquierda de la Generalidad y los gobiernos de centroderecha de España, inicialmente sólo radicales, dificultaban las relaciones entre ambos poderes y el normal ejercicio de la autonomía.

En Cataluña, uno de los principales propósitos del presidente Companys, uno de los fundadores de la Unió de Rabassaires, era la de realizar una reforma agraria adaptada a las especificidades del campo catalán, en el que miles de pequeños agricultores dedicados al cultivo de la uva, no disponían de la propiedad de la tierra, sino que la cultivaban bajo contratos a largo plazo (rabassa morta). El programa de la Unió de Rabassaires propugnaba el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los pequeños agricultores, los rabassaires. Así, el Parlamento de Cataluña aprobó, el 12 de abril de 1934, la Ley de Contratos de Cultivo (equivalente de la ley de arrendamientos estatal que no pudo ser aprobada en las Cortes Españolas en el verano de 1933), la cual garantizaba a los rabassaires la explotación de tierras durante un mínimo de seis años y la posibilidad de comprar las parcelas tras cultivarlas 18. Ello llevó a la derecha catalana de la Lliga, representante de los terratenientes catalanes, y que colaboraba en las Cortes Españolas con la CEDA, a reclamar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pidiéndole al gobierno Samper que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que hizo. El recurso se basaba en una presunta invasión de competencias estatales, las referentes a las obligaciones contractuales, en tanto que la Generalidad aducía que en virtud del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 8 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 10 votos a 13 y sin que muchos de sus integrantes hubiesen oído el caso,[5] incompetente al Parlamento de Cataluña sobre el tema y anuló por tanto la ley.

Este hecho creó una grave crisis política entre Madrid y Barcelona (incluyendo la retirada de los diputados de ERC de las Cortes Españolas) y una considerable exacerbación nacionalista, que favorecía las actividades paramilitares y la propaganda separatista de las Joventuts d'Estat Català, dirigidas por Josep Dencàs.

Los días anteriores

Dencàs logró la consejería de Gobernación el 18 de septiembre, en tanto que a Miquel Badia, de ERC, se le encargan los servicios de Orden Público de Cataluña.

El día 2 de octubre cae el gobierno del radical Ricardo Samper, que había tratado de llegar a un acuerdo sobre la ley de contratos con Companys y dos días después Alejandro Lerroux forma un gobierno en el que entraban por primera vez ministros de la CEDA. Inmediatamente se declarada una huelga general en toda España.

El 5 de octubre, la Alianza Obrera de Cataluña también declara la huelga general, sin el apoyo de la CNT, y Barcelona queda paralizada. Dencàs, por su cuenta, hace detener algunos dirigentes anarquistas. Los escamots de Estat Català van mal armados y están poco preparados. Las fuerzas de orden público que puede utilizar la Generalidad se limitan a unos centenares de mozos de escuadra. La Alianza Obrera a duras penas moviliza un millar de personas al no tener el apoyo ni de la CNT ni de la Unió de Rabassaires. La Alianza Obrera y Estat Català perseguían objetivos diferentes —la revolución social los unos, el golpe de Estado separatista los otros—, pero, careciendo de medios, no pudieron arrebatar la iniciativa al gobierno de la Generalidad. Todos estos ingredientes hacen que las movilizaciones se disuelvan la tarde del 6 de octubre. Prácticamente no hubo actos de violencia en Barcelona y escasísimos en el resto de Cataluña.

La proclama

Pero a las ocho del anochecer, Lluís Companys aparece en el balcón de la Generalidad acompañado de sus consejeros y proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española:

Catalanes: Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones (...).
En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.

Al acabar el discurso, Companys comunica sus deseos al capitán general de Cataluña y general en jefe de la IV División Orgánica, con sede en Barcelona, el general Batet, catalán de ideas moderadas, pidiéndole que se pusiera a sus órdenes. El general parlamenta con Enrique Pérez Farrás, el jefe de los Mozos de Escuadra, para pedirle que se presente en la Capitanía para ponerse a sus órdenes. Éste le responde que sólo obedece al presidente de la Generalidad. Batet habla con el presidente del Consejo de Ministros, Lerroux y, siguiendo sus órdenes, proclama el estado de guerra.

Lo que hasta entonces habían sido fuegos de artificio, entonces se convirtieron en un polvorín. Ese anochecer se construyeron barricadas, se distribuyeron grupos armados por las calles y se preparó a los edificios oficiales para la resistencia. La Generalidad se defiende con un centenar de mozos de escuadra, la Alianza Obrera ocupa el local de Fomento del Trabajo Nacional en la Vía Layetana con unos 400 hombres, los partidarios del PSOE se concentran en la Casa del Pueblo, y en general los grupos con fusiles están preparados a los locales de La Falç, Nosaltres Sols! y el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria).

Cerca de las once, una compañía de infantería llega al CADCI desde dónde empiezan a disparar resultando muertos un sargento y heridos otros siete militares. Se ordena el bombardeo de artillería sobre el centro resultando muertos Jaume Compte, Manuel González Alba y Amadeu Bardina, dirigentes del Partit Català Proletari. El resto son capturados.

Mientras, Dencàs, Badia y otros miembros de ERC, junto con un centenar de hombres pésimamente armados, se hacen fuertes en la Vía Layetana frente el asedio bien equipado del ejército.

Paralelamente, una columna de artillería llega a la Plaza de la República (actual Plaza de San Jaume) informando a Pérez Farrás de que tienen órdenes de tomar los dos edificios oficiales. Tras un tiroteo, los mozos se repliegan al Ayuntamiento. El asedio se amplía con la llegada de una compañía de ametralladoras.

El general Batet, a pesar de tener órdenes estrictas de atacar por parte del ministro de la Guerra, y a sabiendas de que tenía la situación completamente controlada, dejó pasar el rato esperando la rendición. A las seis de la mañana, Companys comunica a Batet su rendición. Esa noche, Dencàs había huido.

La rendición

Las tropas entran al Palacio y detienen a Companys y los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas, Estanislau Ruiz, y al presidente del parlamento Joan Casanovas. Acto seguido detienen también en el Ayuntamiento a Carles Pi i Sunyer y a los concejales de ERC que le seguían. Los apresados fueron trasladados al buque Uruguay anclado en el puerto de Barcelona y reconvertido en prisión.

Aquella mañana, las calles fueron quedando vacías de gente y todo fue volviendo a la normalidad. Incluso un representante de la CNT aconsejaba por la radio volver al trabajo.

Pese a los gravedad de los hechos, se considera que el general Batet consiguió dominar la situación con el mínimo de destrucción y violencia, actitud que le valió ataques de ambos bandos: de la derecha y de algunos sectores militares por un lado (Batet sería fusilado durante la Guerra Civil por los franquistas) y de los insurrectos, por no ponerse a sus órdenes, por otro (por su participación en la sofocamiento de la insurreción obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando).

En Asturias, en la que se denominó la Revolución de Asturias, los hechos serían mucho más sangrientos con centenares de muertes por el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Ejército contra el Alianza Obrera.

Consecuencias

En los combates murieron unas 40 personas. Más de tres mil personas, incluyendo el gobierno de la Generalidad, fueron encarceladas y puestas bajo la jurisdicción de tribunales militares. Los miembros del gobierno de la Generalidad fueron condenados a largas penas de prisión. Los militares que, formando parte de la insurrección, como Pérez Farrás o Escofet, fueron condenados a muerte, siendo su pena conmutada por la de prisión perpetua por el presidente de la República, Alcalá Zamora. La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por el Gobierno y la Generalidad de Cataluña sustituida por un Consell de la Generalitat designado por el Gobierno y con un presidente denominado gobernador general de Cataluña (el primero el coronel Francisco Jiménez). También fue detenido Azaña, que se encontraba casualmente en Barcelona para asistir a los funerales del que fuera ministro de su gabinete Jaume Carner. Sin embargo, en abril de 1935, el radical Joan Pich i Pon sustituyó como gobernador general de Cataluña a Portela Valladares (que había sucedido en enero al coronel Jiménez), consiguiendo que se devolvieran a la Generalidad, que presidía, casi todas sus competencias. Dirigentes de la Lliga y el Partido Republicano Radical formarían parte de la Generalidad hasta su restauración formal tras las elecciones de febrero de 1936, que supusieron la salida de prisión del gobierno de la Generalidad.

Referencias

  1. (Gil Pecharromán: 32):
  2. (Jackson: 45)
  3. (Gil Pecharromán: 33)
  4. Como A. Balcells, recogido en (Gil Pecharromán: 33)
  5. (Jackson: 132)

Bibliografía

Enlaces externos


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